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Tema: Primera desconexión de internet por orden judicial

  1. #1
    Senior Member Avatar de Perseus
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    02 ene, 14
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    Primera desconexión de internet por orden judicial

    El primer desenchufado de internet por orden judicial en España. Se debe a que esta persona fue denunciada por varias empresas de la industria de la música, como promusicae, sony, etc, por intercambio de archivos P2P. Lo curioso es que el juez en primera instancia desestimó la denuncia, pero tras la denuncia la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó la desconexión de este usuario y ni siquiera llegaron a comprobar si los compartía con ánimo de lucro. ¿Qué os parece?

  2. #2
    Pero entre tanto, quisiera entender cómo se desconecta a alguien de internet ¿? O sea, no sabía que eso podría hacerse. ¿Simplemente la persona no puede jamás entrar a Internet desde ninguno de sus dispositivos o no puede crearse cuenta en nada? Igual sería algo casi imposible ahorita porque en el tiempo en el que vivimos, ya ni nuestros abuelos pueden vivir desconectados a Internet. Ya con algo tan sencillo como el correo electrónico, ya se nos hace imprescindible estar conectados de alguna forma.

  3. #3
    Esta sentencia de desconexión de internet de ese usuario viene a marcar un precedente en la historia de las redes sociales, ya que es primera vez que se veía algo así. La piratería ha proliferado tanto, y ya es sabido que el hecho de compartir masivamente sin permiso archivos musicales, es conocido como plagio al derecho de autor. Lo que pasa es que algunas veces las personas creen que no caerán o que pasará mucho tiempo antes de que alguien los descubra.

  4. #4

    Violación de derechos de autor

    Esta sentencia afirma que en los intercambios P2P se producen los requisitos exigidos para considerar esta actividad como 'comunicación pública', y se basa dos sentencias de 2011 para afirmarlo. En una de ellas, la que condenó parcialmente a El Rincón de Jesús, se consideraba el enlace a una descarga directamente como comunicación pública, mientras que en la otra también considera comunicación pública "el intercambio masivo de archivos de contenido audiovisual a través de las llamadas plataformas P2P".
    Reproduce este texto parte de la sentencia que absolvía a los responsables de la página web de enlaces indice-web, que paradójicamente consideraba que no era comunicación pública los enlaces a descargas directas, pero sí la actividad P2P: "En una red de archivos compartidos P2P, quien dispone de un archivo musical o de una película y lo introduce en una carpeta de archivos compartidos, a la que cualquiera puede tener acceso mediante un programa cliente P2P, además de llevar a cabo un acto de reproducción no amparado por la excepción del art.- 31,2 de la LPI -no cabría hablar de uso privado-, está poniendo estos archivos a disposición del público y, por ello, realiza un acto de comunicación pública previsto en el art. 20,2i) LPI".
    Sostienen los jueces en esta sentencia que "de este modo, la fijación de las grabaciones musicales en el disco duro de un ordenador, en la medida que permite su comunicación o la obtención de copias, constituye un acto de reproducción (...) y además esas grabaciones se ponen a disposición de una pluralidad de personas (...) llevando a cabo actos de comunicación pública (...) Tratándose de fonogramas, el derechos exclusivo para autorizar su reproducción y comunicación pública corresponde al productor".
    "En definitiva", concluyen los jueces, "la actividad realizada por el usuario 'nitto75' es ilícita en tanto en cuanto vulnera los derechos de propiedad intelectual de los demandantes", y por ello acepta que los demandantes se puedan dirigir contra el intermediario aunque los actos de este no supongan una infracción.
    Según el abogado especializado en Internet Carlos Sánchez Almeida, esta sentencia "debería estar acotada a ese usuario, y no al resto de su familia -si la hubiera-, ya que mal aplicada podría vulnerar el derecho fundamental a la libertad de información al privar de Internet al resto de miembros de la unidad familiar", un hecho recurrible tanto al Constitucional como al Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

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